Desgraciadamente hemos llegado al segundo aniversario de la última Ley de Tasas Judiciales como ya vimos en su momento (enlace) la imposición generalizada de tasas para poder acceder a la justicia, limita, dificulta e impide dicho acceso en condiciones de igualdad, con la consiguiente vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
Efectivamente los asuntos judicializados han descendido, pero dicho descenso se debe exclusivamente a la barrera de entrada que genera para los justiciables con menor capacidad económica en beneficio de administraciones públicas, Aseguradoras y Bancos.
La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón fue una señal de esperanza pero no se engañen la contestación de los operadores jurídicos a las tasas no fue la causa de la marcha del peor ministro de la historia, sino su polémica ley del aborto.
Con la llegada del nuevo ministro Rafael Catalá ya en su toma de posesión prometió “mejorar” la denostada ley de tasas pero la retirada total no entra en sus planes. Por ello no dejaremos de observar por donde va la mejora no vaya a ser que ayude una vez más a los poderosos en contra de los más humildes.
Sólo en la provincia de Valladolid se ha recaudado 4,1 millones de euros con las tasa (En España más 512 Millones de euros), pues bien ni un solo euro ha ido para mejorar o sostener la justicia gratuita ni nuestra administración de justicia sin medios, simplemente nadie sabe a dónde ha ido ese dinero sólo sabemos dónde no ha ido.
Por lo ya visto anteriormente espero que la mejora prometida deje las tasas en una mera cuestión simbólica como estaban antes de que el sr. Gallardón pusiera sus garras y calculadora sobre ellas y ya puesto que alguien haga que lo recaudado en estos dos años revierta en Justicia pues la Justicia en nuestro país no es lenta: simplemente faltan medios.
Letrado del ICAVA
